¿Cómo derruir una pared legalizada de forma segura y efectiva? – Guía completa de legalizaciones
En los últimos años, la legalización de algunas construcciones ha sido una medida adoptada por muchos propietarios para dar solución a los problemas de espacio en sus hogares. Sin embargo, hay ocasiones en las que estas construcciones legales se convierten en un impedimento para la realización de reformas o para el acceso a servicios básicos. En este artículo hablaremos específicamente del procedimiento para derruir una pared legalizada y los aspectos legales que se deben tener en cuenta.
¿Cuándo se puede derruir una pared legalizada?
En principio, cabe señalar que no es posible derruir una pared legalizada sin justificación legal. Es decir, no basta con que el propietario decida demolerla por su cuenta sin seguir un proceso legal que garantice el respeto de los derechos de terceros. Por tanto, una de las razones por las que se puede derruir una pared legalizada es la necesidad de llevar a cabo una reforma general en la vivienda, donde la construcción existente impide la realización de los nuevos trabajos.
Otra de las razones es la necesidad de restablecer una situación de hecho que fue alterada ilegalmente. Para que esta segunda opción tenga validez, es necesario que el propietario perjudicado haya iniciado previamente un procedimiento legal para proteger sus derechos e intereses y que el juez haya ordenado el derribo de la pared.
¿Qué dice la ley al respecto?
La legislación española establece que para llevar a cabo un derribo de estas características es necesario seguir unos trámites específicos. En primer lugar, es necesario solicitar la autorización a la administración competente, por lo que conviene informarse previamente de cuál es el organismo encargado en cada caso.
En segundo lugar, es necesario presentar un proyecto de demolición que contemple todos los detalles del proceso, como el tipo de maquinaria que se va a utilizar, medidas de seguridad, etc. Este proyecto debe ser elaborado por un técnico competente, quien deberá estar colegiado.
Por último, una vez aceptada la autorización para el derribo y se haya presentado el proyecto, es necesario realizar una publicación en el Boletín Oficial de la provincia, informando de la demolición prevista. Este trámite es de suma importancia, ya que garantiza que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones en caso de que considere que se vulneran sus derechos.
¿Quién se encarga de pagar los costes?
En cuanto a los costes derivados del derribo, la legislación establece que debe ser el propietario de la construcción el que se haga cargo de ellos. Por tanto, el solicitante deberá contratar a la empresa encargada de realizar los trabajos y deberá pagar la totalidad del coste. En caso de que terceros se vean afectados por la demolición – por ejemplo, si la pared derribada es un muro compartido con otra vivienda -, el propietario deberá indemnizar a los perjudicados.
Conclusión
En conclusión, la demolición de una pared legalizada es un procedimiento que requiere seguir unos trámites específicos para garantizar el respeto de los derechos de terceros. Es importante destacar que no se puede derruir una pared legalizada sin justificación legal y que la necesidad de llevar a cabo una reforma o de restablecer una situación alterada ilegalmente son dos de las razones que pueden justificar el derribo. En cualquier caso, es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho inmobiliario que nos guíe y asesore durante todo el proceso.
