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La legalización de la pornografía infantil en Japón ha sido un tema bastante controversial y debatido por varios años. En junio de 2014, el gobierno japonés aprobó una nueva ley que permite la posesión de material pornográfico que muestre a menores de edad de forma explícita, siempre y cuando el material no sea vendido públicamente. Esta medida ha sido muy criticada por varios grupos a nivel nacional e internacional, quienes la consideran una violación a los derechos de los niños y una oportunidad muy peligrosa para los pedófilos.

Antecedentes del caso

Antes de que se aprobara la ley que legaliza la pornografía infantil en Japón, la posesión, distribución y venta de material de este tipo estaba estrictamente penalizada. Sin embargo, existía un vacío legal que permitía la creación de contenido pornográfico que implicara a menores si estos no eran explícitamente identificables por su nombre o rostro. Esta laguna fue aprovechada por varias empresas y productores de pornografía infantil, quienes crearon contenido de esta naturaleza sin recibir sanción alguna.

El problema de la pornografía infantil en Japón es muy grave: según la organización ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes), Japón es uno de los mayores consumidores de pornografía infantil en el mundo, y el 80% del contenido producido en el país es exportado a otras naciones. Las víctimas de estos delitos suelen ser menores de 18 años, que son obligados a posar o realizar actos sexuales frente a cámaras por medio de la manipulación, el engaño o la amenaza.

La nueva ley

La ley que legaliza la pornografía infantil en Japón ha sido cuestionada por gran cantidad de personas y organizaciones. Bajo la nueva normativa, la posesión de material pornográfico que muestre a menores de edad de forma explícita no es penada, siempre y cuando este material no sea vendido públicamente. La ley también permite la posesión de material de “arte contemporáneo, literatura o materiales académicos que custodias instituciones culturales”. Además, la nueva legislación incorpora un artículo que establece una pena de 3 años de prisión y una multa de 5 millones de yenes ($45,000 USD) para aquellos que produzcan, distribuyan o vendan pornografia infantil en Japón.

La postura del gobierno japonés con la aprobación de esta ley es que la prohibición de la posesión de material pornográfico que muestre a menores de edad de forma explícita era inconstitucional, ya que puede violar el derecho de libertad de expresión. Sin embargo, esto ha generado una gran cantidad de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y grupos defensores de los niños, quienes aseguran que la nueva ley no hará más que aumentar la demanda y el consumo de material de esta naturaleza, y que además proveerá de una oportunidad para más abuso y explotación de menores.

Reacciones y consecuencias

La legalización de la pornografía infantil en Japón ha tenido una gran cantidad de reacciones a nivel nacional e internacional. Organizaciones como UNICEF y ECPAT han mostrado gran preocupación por esta ley, argumentando que la posesión de este tipo de material implica una violación a los derechos de los niños y que además facilita la actividad de los pedófilos.

La sociedad japonesa se encuentra dividida ante este tema. Mientras algunos defienden la ley argumentando que sólo legaliza la posesión de cierto tipo de material y que no fomenta la creación de más contenido de esta naturaleza, otros sostienen que la nueva normativa puede ser utilizada como una justificación para la creación de más pornografía infantil y que no hace lo suficiente para proteger a los menores de edad de este tipo de abuso.

Conclusiones

En conclusión, la legalización de la pornografía infantil en Japón ha sido un tema muy debatido y controversial. Si bien la nueva ley permite la posesión de material pornográfico que muestre a menores de edad de forma explícita sin ser penalizado, también establece duras penas para aquellos que creen, distribuyan o vendan este tipo de material. Sin embargo, la aprobación de esta normativa ha sido criticada por organizaciones y grupos de defensa de los derechos de los niños, argumentando que la legalización de la posesión de este tipo de material sólo aumentará la demanda y el consumo de pornografía infantil y proveerá de una oportunidad peligrosa para los pedófilos.