Legalización de alquileres turísticos en Alicante: La guía completa para cumplir con la normativa

En los últimos años, ha aumentado el número de propietarios que alquilan sus viviendas para uso turístico en Alicante y otras ciudades de la costa mediterránea. Este tipo de alquiler, conocido como alquiler vacacional, suele ser más rentable que el alquiler tradicional, ya que se cobran tarifas diarias o semanales más altas y no requiere contratos a largo plazo. Sin embargo, este tipo de alquiler ha sido objeto de controversia y debate en España debido a la falta de regulación y evasión fiscal.

El marco legal actual

En España, la ley de arrendamientos urbanos (LAU) regula los contratos de alquiler de viviendas y establece las obligaciones y derechos tanto del arrendador como del arrendatario. Sin embargo, el alquiler vacacional no está regulado específicamente por la LAU y se ha dejado en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que establezcan sus propias regulaciones.

La situación en Alicante

En Alicante, el alquiler turístico se encuentra regulado por la Ordenanza Municipal Reguladora de Alojamientos Turísticos y Establecimientos Hoteleros, aprobada en 2014. Según esta ordenanza, los propietarios que deseen alquilar sus viviendas para uso turístico deben cumplir con una serie de requisitos, como obtener una licencia y cumplir con los requisitos de seguridad y calidad.

Sin embargo, esta normativa no ha sido suficiente para evitar la proliferación de apartamentos turísticos ilegales en la ciudad. Muchos propietarios se han saltado la regulación y han alquilado sus viviendas sin licencia, lo que ha generado una situación de competencia desleal con los establecimientos hoteleros, que deben cumplir con requisitos más estrictos para poder operar.

La necesidad de una nueva regulación

En Alicante y otras ciudades turísticas, la falta de una regulación clara y efectiva ha generado un debate sobre la necesidad de una nueva normativa que permita legalizar el alquiler vacacional, garantizando al mismo tiempo la seguridad y calidad de los alojamientos, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Por un lado, los defensores del alquiler vacacional argumentan que se trata de una alternativa viable al turismo de masas, ya que permite a los turistas alojarse en zonas residenciales, experimentar la vida local y contribuir a la economía local. Además, sostienen que la falta de regulación genera una economía sumergida, evasión fiscal y competencia desleal con los establecimientos hoteleros.

Por otro lado, los detractores del alquiler vacacional argumentan que genera una presión sobre la oferta de vivienda, que provoca un aumento de los precios y dificulta el acceso a la vivienda para los residentes locales. Además, afirman que supone una competencia desleal con los establecimientos hoteleros, que deben cumplir con estrictas regulaciones y pagar impuestos más altos.

La posible nueva regulación

En la actualidad, el gobierno español está trabajando en una nueva ley que regulará el alquiler vacacional en el país. La ley establecerá un marco general para la regulación de esta actividad, dejando en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos la regulación específica.

En lo que respecta a Alicante, la nueva normativa debería contemplar una serie de aspectos clave. En primer lugar, debería establecer una distinción clara entre el alquiler vacacional y la actividad hotelera para evitar la competencia desleal. En segundo lugar, debería establecer los requisitos para obtener una licencia de alquiler turístico, asegurando que los alojamientos cumplan con los estándares de seguridad y calidad. Y, por último, debería establecer un régimen fiscal claro y efectivo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los propietarios.

Conclusión

La legalización del alquiler vacacional en Alicante y otras ciudades turísticas españolas es un tema complejo y controvertido que requiere una solución equilibrada que permita a los propietarios alquilar sus viviendas de manera segura y legal, al mismo tiempo que se garantiza el cumplimiento de las obligaciones fiscales y se protege a los residentes locales de la presión sobre la oferta de vivienda.